El fondo litigante sostiene que Argentina incumplió órdenes judiciales para entregar documentación clave y buscará que la Justicia estadounidense sancione.
El conflicto judicial por la expropiación de YPF volvió a tensarse en los tribunales de Nueva York. Burford Capital, el fondo que financia las demandas impulsadas por Petersen y Eton, anticipó que pedirá que la Argentina sea declarada en desacato por no cumplir con órdenes judiciales vinculadas a la entrega de documentación considerada clave para la causa.
El reclamo se centra en la falta de presentación de mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios, requeridos como parte de la investigación conocida como causa del alter ego. Aunque el país tiene plazo hasta el 10 de enero para completar la entrega, el fondo sostiene que el Estado argentino incumplió reiteradamente las instrucciones del tribunal y busca que se acelere una resolución que habilite sanciones, entre ellas posibles embargos de activos.
La jueza Loretta Preska ya dejó asentado ese incumplimiento. Durante una audiencia realizada el 9 de diciembre, advirtió que el material debía haberse reunido semanas antes, otorgó una prórroga excepcional y señaló que la persistencia en no cumplir podría derivar en un pedido formal de desacato, con impacto económico y procesal. En ese contexto, habilitó a los demandantes a presentar su moción entre mediados de enero y comienzos de marzo.
El trasfondo del conflicto
La disputa va más allá del intercambio de documentación. Burford busca probar que distintas empresas públicas estratégicas, como YPF, Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central, funcionan como prolongaciones del Estado argentino. Si ese planteo prospera, se ampliaría el conjunto de activos susceptibles de ser alcanzados por medidas cautelares o embargos, un escenario que genera preocupación en el Gobierno.
De acuerdo con el expediente, algunos funcionarios y exfuncionarios ya entregaron sus comunicaciones. Sin embargo, otros dirigentes de peso se negaron a hacerlo o no respondieron a los requerimientos, una actitud que fortalece la postura de los demandantes y endurece la evaluación del tribunal sobre el comportamiento procesal del país.
En paralelo, la Argentina aguarda una definición en la apelación de fondo por la expropiación de 2012, un fallo que podría conocerse en cualquier momento. En el oficialismo interpretan que esa expectativa explica la estrategia de Burford: intensificar la presión judicial para ganar margen de maniobra, poder de negociación y capacidad de impacto financiero.