El abogado constitucionalista Diego Armesto analizó en diálogo con LV12 Web el fallo de la Corte Suprema sobre el artículo que deroga la Ley de Tierras.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo presentado por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que establece la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal consideró que la institución no estaba legitimada para realizar ese reclamo judicial.
En este marco, LV12 Web dialogó con el abogado constitucionalista Diego Armesto, quien explicó el alcance de la decisión: “La Corte Suprema tomó una decisión en referencia a un planteo que había hecho el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, donde la Cámara Federal había declarado inconstitucional el artículo 154. La Corte, previo al pronunciamiento de fondo, hizo un análisis de legitimación y entendió que el Centro de Excombatientes no estaba legitimado”.
Para explicar este punto, Armesto señaló: “La legitimación es nada más y nada menos que la llave que te permite ingresar a un caso concreto y a un proceso judicial. La Corte entendió que esa llave no abría esa puerta y dijo que no existía legitimación y rechazó el planteo hecho por la institución”.
El constitucionalista remarcó que la decisión no implica que la Corte haya definido si el artículo 154 es constitucional o no. “La Corte Suprema estableció un parámetro esencial y fundamental en la misma resolución, donde dice que no está tratando la cuestión de fondo, sino que simplemente está tratando una cuestión de legitimación”, sostuvo. Y agregó: “Es el Poder Legislativo quien debe también cumplir con los parámetros establecidos en el texto constitucional en lo que respecta al dictado de decretos de necesidad y urgencia, es decir, el control político”.
Finalmente, Armesto se refirió al tratamiento que todavía debe tener el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. “El DNU fue rechazado por la Bicameral, fue rechazado por el Senado y falta el pronunciamiento de la Cámara de Diputados”, indicó. En ese sentido, consideró que “esta situación pone al decreto de necesidad y urgencia, en lo que corresponde al artículo 154 de la derogación de la Ley de Tierras, en manos del Congreso”, y concluyó: “Debe ser el Congreso el que, por un camino u otro, tiene que resolver una cuestión que tiene que resolver en definitiva la política y no el órgano jurisdiccional”.