El Gobierno resolvi\u00f3 dar marcha y retirar el proyecto de R\u00e9gimen Penal Juvenil que hab\u00eda ingresado este lunes a la C\u00e1mara de Diputados y que propon\u00eda bajar a 13 a\u00f1os la edad de imputabilidad. La decisi\u00f3n se tom\u00f3 a pocas horas del inicio del debate parlamentario, frente a la falta de consenso pol\u00edtico para avanzar con ese punto central de la iniciativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan confirmaron fuentes legislativas, el oficialismo retomar\u00e1 el dictamen anterior trabajado en comisi\u00f3n, que establece la edad de imputabilidad en 14 a\u00f1os, un umbral que cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y que ya hab\u00eda permitido al Gobierno conseguir un dictamen de mayor\u00eda durante el a\u00f1o pasado. <\/p>\n\n\n\n De este modo, el texto que volver\u00e1 a ponerse en discusi\u00f3n mantiene varios de los ejes del r\u00e9gimen penal juvenil debatido en 2025, pero con ajustes clave respecto de la versi\u00f3n presentada hoy por el Poder Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n El dictamen que se retomar\u00e1 conserva la estructura general del r\u00e9gimen penal juvenil, con un esquema de sanciones graduadas seg\u00fan la gravedad del delito y la prioridad de medidas alternativas a la prisi\u00f3n, como programas educativos, servicios comunitarios, reparaci\u00f3n del da\u00f1o y tratamientos psicol\u00f3gicos. La privaci\u00f3n de la libertad seguir\u00e1 reservada para delitos graves, con alojamiento en institutos especializados y sin contacto con adultos. <\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, se incorpora de manera expl\u00edcita la facultad del Estado nacional de conveniar con las provincias para la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen, un reclamo central de los gobernadores que hab\u00edan advertido sobre el impacto presupuestario de la iniciativa en los distritos.<\/p>\n\n\n\n El principal punto que se elimina es la baja de la edad de imputabilidad a los 13 a\u00f1os, defendida por sectores del oficialismo y plasmada en el proyecto enviado este lunes. Ese aspecto no logr\u00f3 el respaldo necesario, ni siquiera entre aliados como el PRO, que insisti\u00f3 en sostener el l\u00edmite en 14 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Pese al retiro del proyecto, el Gobierno decidi\u00f3 conservar uno de los elementos centrales de la nueva versi\u00f3n: la explicitaci\u00f3n del costo fiscal y su financiamiento. El costo fiscal para la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen penal juvenil es de $23.739.155.303, que se financiar\u00e1n con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensor\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n De acuerdo con el enfoque oficial, el mayor impacto presupuestario no est\u00e1 en la infraestructura sino en los costos de implementaci\u00f3n, principalmente en la contrataci\u00f3n de personal especializado como m\u00e9dicos, psic\u00f3logos y supervisores, considerados claves para el funcionamiento del sistema. <\/p>\n\n\n\n Con este repliegue, el oficialismo busca destrabar el debate y avanzar con una reforma que, aunque recortada respecto de sus aspiraciones iniciales, tenga chances concretas de ser tratada y votada en el recinto el pr\u00f3ximo jueves.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ejecutivo retomar\u00e1 el texto trabajado en comisi\u00f3n durante 2025, que cuenta con mayor respaldo entre los bloques dialoguistas y ya hab\u00eda logrado dictamen de mayor\u00eda. 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Qu\u00e9 se descarta<\/h2>\n\n\n\n
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