Una grave denuncia penal sacude al \u00e1mbito judicial tucumano. Los apuntados son los conocidos abogados Alfredo Aydar<\/strong> y Silvia Aydar<\/strong>, acusados de desapoderar de sus bienes a una joven de 21 a\u00f1os, a quien representaban legalmente tras haber sido v\u00edctima de abuso sexual<\/strong>. Por razones de seguridad y para evitar su revictimizaci\u00f3n, la justicia dispuso la estricta reserva de identidad de la denunciante, seg\u00fan se\u00f1ala la publicaci\u00f3n de El Ancasti.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El expediente est\u00e1 caratulado oficialmente como \u201cAydar Alfredo y otro s\/ estafa, retenci\u00f3n indebida y administraci\u00f3n fraudulenta agravada\u201d (Legajo N\u00b0 S-043913\/2026), y se encuentra bajo la \u00f3rbita del fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N\u00b0 4, registrando ya una intensa actividad investigativa. <\/p>\n\n\n\n El principal implicado, el abogado Alfredo Aydar, no es un nombre ajeno a las cr\u00f3nicas judiciales de la regi\u00f3n. El letrado adquiri\u00f3 una fuerte relevancia medi\u00e1tica y exposici\u00f3n p\u00fablica a nivel nacional al constituirse como el principal querellante en la resonante megacausa \u201cAdhemar Bacchiani s\/ estafa\u201d, vinculada a un masivo esquema Ponzi con criptomonedas. <\/p>\n\n\n\n All\u00ed, Aydar asumi\u00f3 la representaci\u00f3n de cientos de damnificados bajo la promesa de recuperar los capitales invertidos. Sin embargo, a m\u00e1s de tres a\u00f1os del estallido del esc\u00e1ndalo financiero, las v\u00edctimas no han obtenido ning\u00fan tipo de resultado favorable ni recupero de fondos. Lejos de ello, el propio rol del abogado y el devenir de la tramitaci\u00f3n de esa causa se encuentran actualmente bajo una severa sospecha y auditor\u00eda en el seno de la Justicia Federal catamarque\u00f1a, sumando un manto de dudas sobre su desempe\u00f1o \u00e9tico y profesional que hoy se alinea con la gravedad de las denuncias en Tucum\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la investigaci\u00f3n, la v\u00edctima hab\u00eda obtenido una reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o en el marco de la causa penal \u00abCoronel Jos\u00e9 Luis s\/ abuso sexual\u00bb. Dicho acuerdo incluy\u00f3 la entrega de una camioneta Ford Ranger 4×4 modelo 2023, valuada en unos 50 millones de pesos. Meses m\u00e1s tarde, el veh\u00edculo fue vendido por 33,5 millones de pesos a Gast\u00f3n Gatti, un allegado y amigo de Alfredo Aydar. Seg\u00fan la denuncia ratificada ante la Fiscal\u00eda, fue en ese preciso momento cuando comenz\u00f3 la maniobra sistem\u00e1tica de los profesionales para quedarse con el dinero. <\/p>\n\n\n\n La denunciante relat\u00f3 que Alfredo Aydar le asegur\u00f3 que el sistema financiero no era seguro y que \u00abpod\u00eda volver el corralito\u00bb, desaconsej\u00e1ndole depositar los fondos en un banco. Asimismo, argumentando que la joven resid\u00eda en la zona de Villa Amalia, el letrado le habr\u00eda advertido que corr\u00eda riesgo de sufrir violentos robos o presiones por parte del entorno del abusador para recuperar el dinero. <\/p>\n\n\n\n \u201cEstas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor, generar dependencia y convencerla de entregar el control absoluto de su patrimonio a los hermanos Aydar\u201d, detalla la presentaci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n Uno de los puntos m\u00e1s oscuros de la acusaci\u00f3n radica en el destino que los letrados le dieron a los fondos de la joven bajo la pantalla de colocaciones financieras secundarias. La causa incorpora audios y chats de WhatsApp donde Alfredo Aydar reconoce haber colocado el dinero de la v\u00edctima en supuestos pr\u00e9stamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, prometiendo un inter\u00e9s mensual del 2,5%. Sin embargo, la auditor\u00eda preliminar encendi\u00f3 las alarmas de los investigadores: en estas operaciones no existen nombres de los tomadores, no se fijaron domicilios, no se exigieron garant\u00edas de ning\u00fan tipo y no media un solo contrato que respalde el movimiento del capital. Todo esto se realiz\u00f3 sin una sola autorizaci\u00f3n escrita de la v\u00edctima, quien jam\u00e1s firm\u00f3 mutuos ni consentimientos de inversi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Debido a la naturaleza de estas maniobras de captaci\u00f3n y colocaci\u00f3n habitual de fondos de terceros en el mercado de cr\u00e9dito \u2014realizadas de espaldas a la damnificada y sin la debida autorizaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA)\u2014, el caso abre una nueva l\u00ednea de an\u00e1lisis legal. Al respecto, fuentes judiciales aclaran que la Justicia Federal podr\u00eda investigar de forma independiente y en paralelo el presunto delito de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, una infracci\u00f3n que, al afectar el orden econ\u00f3mico nacional, es de exclusiva competencia de los tribunales federales, sin que esto desplace la investigaci\u00f3n por estafa, retenci\u00f3n indebida y administraci\u00f3n fraudulenta que lleva adelante la provincia.<\/p>\n\n\n\n En paralelo a los pr\u00e9stamos irregulares, los abogados justificaron la retenci\u00f3n de otras millonarias sumas bajo el argumento de haber presentado m\u00e1s de 100 escritos judiciales en causas derivadas, pretendiendo cobrar la exorbitante cifra de 650.000 pesos por cada presentaci\u00f3n. La denunciante afirma que nunca existi\u00f3 un convenio de honorarios, presupuestos ni rendici\u00f3n de cuentas que respaldara tales cobros. <\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n penal ha puesto la lupa sobre este esquema, ya que las \u00fanicas causas donde interven\u00eda el estudio Aydar en representaci\u00f3n de la v\u00edctima eran dos: una causa federal por el contagio de una enfermedad de transmisi\u00f3n sexual derivada del abuso, y una causa provincial por amenazas atribuidas al chofer del abusador. El Ministerio P\u00fablico Fiscal busca determinar la veracidad y el fundamento legal de esas supuestas cien presentaciones, sospechando que los descuentos fueron en realidad una pantalla para absorber de manera il\u00edcita el dinero de la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La justicia tucumana ha dispuesto que la causa se tramite bajo una estricta perspectiva de g\u00e9nero, debido a la profunda asimetr\u00eda de poder entre las partes. La acusaci\u00f3n sostiene que los profesionales utilizaron la vulnerabilidad emocional, econ\u00f3mica y social de la joven para manipularla y privarla del control de sus recursos. <\/p>\n\n\n\n La v\u00edctima tiene apenas 21 a\u00f1os, carece de conocimientos jur\u00eddicos, se encuentra desempleada y no posee ingresos estables. Atraves\u00f3 su embarazo durante gran parte de los hechos investigados y actualmente es madre de un beb\u00e9 de dos meses. El dinero de la indemnizaci\u00f3n representaba el \u00fanico sustento econ\u00f3mico para garantizar condiciones m\u00ednimas de alimentaci\u00f3n, salud y vivienda para ambos. Fuentes judiciales estiman que el perjuicio econ\u00f3mico perpetrado por quienes ten\u00edan el deber \u00e9tico y profesional de protegerla supera holgadamente los 30 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n En el marco de las pesquisas, la jueza del Colegio de Jueces, Dra. Cintia Rocha, autoriz\u00f3 una serie de medidas de coerci\u00f3n urgentes solicitadas por el fiscal Saltor. Fueron allanados en forma simult\u00e1nea el estudio jur\u00eddico de los hermanos Aydar, ubicado en calle Maip\u00fa 70 (oficinas 53 y 54), y el domicilio particular de Alfredo Aydar en calle Mu\u00f1ecas 1864. Durante los operativos se procedi\u00f3 al secuestro de tel\u00e9fonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y abundante documentaci\u00f3n digital y en papel, material que ya est\u00e1 siendo peritado para reconstruir la ruta del dinero y determinar las responsabilidades penales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Est\u00e1n acusados de desapoderar de sus bienes a una joven de 21 a\u00f1os, a quien representaban legalmente tras haber sido v\u00edctima de abuso sexual. 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