La decisi\u00f3n se conoci\u00f3 poco despu\u00e9s de que el juez federal Mart\u00edn Cormick hiciera lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La resoluci\u00f3n obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la norma vigente desde 2025 que alcanza a salarios, becas, investigaci\u00f3n y partidas para las instituciones. <\/p>\n\n\n\n
En su fallo, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 11 invalid\u00f3 la cl\u00e1usula del decreto 759\/2025<\/strong> que subordinaba la ejecuci\u00f3n de la ley a la definici\u00f3n de los recursos presupuestarios. Adem\u00e1s, orden\u00f3 al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar su \u201ccumplimiento inmediato\u201d.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Para el juez, el mecanismo utilizado por el Gobierno era \u201cextraconstitucional\u201d<\/strong>: serv\u00eda para bloquear una ley que hab\u00eda sido ratificada por ambas c\u00e1maras. En sus fundamentos, Cormick se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 9 de la norma ya prev\u00e9 herramientas para financiarla, como la adecuaci\u00f3n de partidas y el uso de los ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipaci\u00f3n de las provincias.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n La ley de Financiamiento fue sancionada en agosto de 2025 <\/strong>con el impulso de la oposici\u00f3n. Luego del veto presidencial de Milei, tanto la C\u00e1mara de Diputados y el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la norma y en octubre de ese a\u00f1o el Ejecutivo la promulg\u00f3 mediante el decreto 759\/2025. Sin embargo, condicion\u00f3 su ejecuci\u00f3n a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto. <\/p>\n\n\n\n Sobre el costo, el juez cit\u00f3 una estimaci\u00f3n de la Oficina de Presupuesto del Congreso: para 2025, la norma representaba el 0,23% del PBI.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Antes de este fallo, el expediente ya ten\u00eda una medida clave. En diciembre de 2025<\/strong>, Cormick dict\u00f3 una cautelar que orden\u00f3 aplicar de inmediato los art\u00edculos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposici\u00f3n de los salarios docentes y no docentes y a la actualizaci\u00f3n de las becas estudiantiles. La C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo Federal la confirm\u00f3 y, el 25 de junio<\/strong>, la Corte Suprema rechaz\u00f3 el recurso extraordinario del Estado. As\u00ed, la medida qued\u00f3 firme mientras se define la cuesti\u00f3n de fondo que fue abordada este martes en el nuevo fallo del magistrado. <\/p>\n\n\n\n En ese escenario, el Gobierno sostiene que est\u00e1 en cumplimiento, ya que el 10 de junio<\/strong> firm\u00f3 con el CIN y los gremios universitarios un acta que contemplaba una recomposici\u00f3n de la masa salarial del 24,33%<\/strong> y una actualizaci\u00f3n del 20%<\/strong> para gastos de funcionamiento. Con ese acuerdo pidi\u00f3 que se levantara la cautelar, pero Cormick lo rechaz\u00f3 el 1 de septiembre: dijo que el Estado no hab\u00eda acreditado una soluci\u00f3n definitiva al deterioro salarial. <\/p>\n\n\n\n El subsecretario de Pol\u00edticas Universitarias, Alejandro \u00c1lvarez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, negociaron un aumento para las universidades, pero este no alcanza los montos previstos en la ley y el reclamo contin\u00faa. (Foto: Capital Humano) <\/p>\n\n\n\n La negociaci\u00f3n volvi\u00f3 a fracasar el 17 de septiembre<\/strong>, cuando el Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% y avis\u00f3 que la aplicar\u00eda aun sin acuerdo. Los gremios la rechazaron y todav\u00eda reclaman un diferencial mayor. <\/p>\n\n\n\n A modo de respuesta, el juez sostuvo hace dos semanas que \u201cno existe cumplimiento total\u201d y le dio cinco d\u00edas al Ejecutivo para acatar la medida, bajo apercibimiento de multas por cada d\u00eda de demora. El Gobierno pidi\u00f3 revocar esa intimaci\u00f3n. En su argumentaci\u00f3n, sostuvo que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 llegaron al 226,8%<\/strong>, por encima del 226,46% de inflaci\u00f3n que toma como referencia para el per\u00edodo hasta agosto de 2025. Cormick cuestion\u00f3 ese c\u00e1lculo y consider\u00f3 que no estaba acreditada la actualizaci\u00f3n conforme a las variables de la ley. Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 la interpretaci\u00f3n oficial que limitaba las becas al programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este a\u00f1o a $187.495. <\/p>\n\n\n\n El 30 de septiembre, el magistrado volvi\u00f3 a darle cinco d\u00edas al Gobierno y reconoci\u00f3 solo un cumplimiento parcial. <\/p>\n\n\n\n En paralelo, la disputa contin\u00faa en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,349 mil millones <\/strong>al funcionamiento, la inversi\u00f3n y los programas especiales de las universidades nacionales. El CIN considera esa cifra insuficiente, y pidi\u00f3 un monto cercano a los $11 mil millones<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una resoluci\u00f3n obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la norma vigente desde 2025 que alcanza a salarios, becas, investigaci\u00f3n y partidas para las instituciones. 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